miércoles, 30 de octubre de 2013

Los libros ya sólo pueden ser electrónicos, no en papel

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores en su artículo 18 Legalización de libros estipula lo siguiente:
  1. Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que transcurran cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
  2. Los empresarios podrán voluntariamente legalizar libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador.
  3. El Registradorcomprobará el cumplimiento de los requisitos formales, así como la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase y certificará electrónicamente su intervención en la que se expresará el correspondiente código de validación.

martes, 29 de octubre de 2013

Como aplazar o fraccionar el pago de impuestos



El artículo 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) contempla la posibilidad de aplazar o fraccionar "deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo". Puede ser una buena alternativa cuando se han cerrado el resto de puertas para obtener liquidez.

Coste del aplazamiento o fraccionamiento
Se devengarán los correspondientes intereses de demora por cada uno de los pagos aplazados o fraccionados, calculados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo en período voluntario de la deuda aplazada hasta la fecha del vencimiento del plazo acordado, debiendo ser ingresados junto a la deuda aplazada. De acuerdo con el artículo 26.6, 2º párrafo, de la Ley General Tributaria, "en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal"; luego a nuestros efectos:
  • Para deudas inferiores a 18.000 € sin avales, garantías o certificado de seguro de caución, será el interés de demora que actualmente está establecido en el 5%.
  • Para deudas superiores a 18.000 € con avales, garantías o certificado de seguro de caución, será el interés legal del dinero que actualmente está establecido en el 4%.
¿Qué impuestos pueden ser aplazados o fraccionados?
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LGT:
"No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.
Asimismo, en caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa."
Luego visto desde la óptica contraria, podrán aplazarse casi todos los impuestos o deudas con la Administración Tributaria, salvo los modelos objeto de pago de retenciones de los trabajadores y profesionales (modelo 111). Si bien es cierto, que en los últimos tiempos, ante el importante cúmulo de solicitudes y la coyuntura económica, en determinados casos y bajo determinadas circunstancias, se están concediendo este tipo de aplazamientos (normalmente si se es capaz de demostrar la incidencia muy negativa que la denegación del aplazamiento pudiera tener sobre el nivel de empleo de la empresa.
¿Cómo se calculan los intereses en aplazamientos y fraccionamientos?
El coste total de aplazar o fraccionar el pago de deudas de carácter tributario será igual al importe total del impuesto más los intereses de demora (o interés legal según hemos apuntado en el apartado anterior) calculados según se especifica a continuación:
  • En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de interés no incluirá el recargo del período ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
  • En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda. Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.
En caso de de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:
  • Si fue solicitado en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora según lo expuesto anteriormente.
  • Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago.
¿Cuándo y cómo puede solicitarse el aplazamiento / fraccionamiento?
El artículo 47 del Reglamento 939/2005 de Recaudación (RGR), establece que "... serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento...". El hecho de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento no implica que no haya que presentar el modelo de autoliquidación correspondiente.
El aplazamiento/fraccionamiento puede solicitarse prácticamente en cualquier momento, desde que se inicia el periodo voluntario de pago de un impuesto hasta su fecha de vencimiento e incluso después, una vez iniciado el periodo ejecutivo en caso de no haber podido pagar a tiempo. Pero cuidado, esta posibilidad finaliza si se ha iniciado el procedimiento de embargo de bienes.
La solicitud puede ser presentada en oficinas de la Agencia Tributaria o por vía telemática a través de la página web de la AEAT (www.aeat.es). 
Es necesario presentar una solicitud para cada impuesto pendiente de pago y que desee aplazar o fraccionar, donde se especifique el importe de la deuda y una propuesta de calendario de pagos.
  • Solicitud.
    Al presentar la solicitud de aplazamiento hay que presentar una propuesta de calendario de pagos que Hacienda podrá aprobar o desestimar, en cuyo caso es posible que plantee un calendario alternativo. El vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del mes. Cuando el acuerdo incluya varias deudas, se señalarán de forma independiente los plazos y cuantías que afecten a cada una.
    Al mismo tiempo habrá de explicarse el motivo por el que se solicita el aplazamiento/fraccionamiento, aportando pruebas oportunas o documentación que se considere adecuada para convencer a la Administración de la solvencia para el futuro pago.
  • Resolución.
    Hacer hincapié en el hecho de que desde el tiempo que transcurre entre la solicitud del aplazamiento/fraccionamiento y la resolución del mismo, el deudor deberá efectuar el pago del plazo/s, fracción/es propuestos en la solicitud referida (si fuese el caso).
    Dicho esto, la resolución deberá notificarse en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.
  • Plazo para el pago de la Deuda.
    De acuerdo con el artículo 54 del RGR, si no se hace frente a alguno de los pagos, la Administración Tributaria anulará el aplazamiento/fraccionamiento y podrá iniciar el procedimiento de apremio, que incluye la posibilidad de ejecutar embargos. En estos casos se aplicará un recargo que puede oscilar entre el 20% y el 35%.
    El plazo de concesión no superará los 5 años, siendo el criterio general de hasta 24 meses con periodicidad mensual.
Garantías aportadas
Es el artículo 48 del RGR el que habla de las garantías del aplazamiento o fraccionamiento en el pago de la deuda tributaria. Como más significativo reflejar que:
  • La garantía de la deuda debe cubrir el importe de la deuda del período voluntario, los intereses de demora (o interés legal según lo referido anteriormente) que genere el aplazamiento o fraccionamiento del pago y un 25% de la suma de ámbos.
  • El aplazamiento o fraccionamiento quedará condicionado a su formalización en el plazo de 2 meses desde la concesión; si transcurrido dicho plazo no se han formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes:
    • Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo. Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente.
    • Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio.
  • Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recargos, los intereses de demora y las costas. Si se trata de garantías parciales e independientes, estas deberán ser liberadas de forma independiente cuando se satisfagan los plazos garantizados por cada una de ellas.
  • Importante significar que será necesario disponer garantías (aval bancario, garantía hipotecaria o seguro de caución) para aplazar deudas cuyo importe supere los 18.000 euros. En deudas inferiores a ese importe no será necesario el establecimiento de garantía.

lunes, 28 de octubre de 2013

Retribuciones de socios y administradores y la deducción en el impuesto de sociedades

La Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de noviembre de 2008 estableció que para que la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de una sociedad pueda ser considerada gasto deducible se requiere que se encuentre fijada en los estatutos. Si se omite toda referencia significará que el cargo es gratuito y que las presuntas remuneraciones no son otra cosa, a efectos fiscales, que liberalidades y, por consiguiente, no deducibles.
Así, la solución para evitar problemas con la Agencia Tributaria a raíz de los últimos pronunciamientos e inspecciones tributarias y conseguir que las cantidades abonadas al administrador de una empresa sean consideradas como deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades, exige que dicha retribución conste en los estatutos sociales y debe aprobarse en cada ejercicio con el acuerdo de la Junta General. Automáticamente esto supone un rendimiento del trabajo para su perceptor y sujeta al tipo de retención del IRPF del 42%.
Se entienden funciones típicas y características de los administradores las actividades de dirección, gestión y representación de las sociedades, pero los administradores pueden realizar otras funciones distintas de las de alta dirección que podemos clasificar en dos tipos:
  • Remuneración por rendimientos del trabajo. Supone una remuneración sujeta a la retención, actualmente, del 42 por ciento.
  • Remuneración por actividades económicas. Supone realización de facturas de los administradores a la sociedad por los servicios que presta.
Este es el tema de análisis, determinar si la remuneración que le vamos a dar a los socios es por rendimientos del trabajo o por actividades económicas, tema tratado en la Nota 1/12 de la Dirección General de Tributos.
En términos generales distinguimos dos supuestos de servicios prestados por los socios a la sociedad:
Socios Directores/Gerentes y a su vez miembros del órgano de administración.
Aunque exista contrato laboral de alta dirección, las remuneraciones se entenderán como rendimiento del trabajo.
Así un gerente o director, que también es socio y administrador (aunque los estatutos establezcan que el cargo es gratuito), se le deberá practicar el 42% de retención. Y además no podrá deducirse como gasto en el Impuesto de Sociedades si los estatutos sociales no recogen dicha distribución.
La calificación de las retribuciones obtenidas por un gerente o por el personal de alta dirección de una persona que, además, es consejero o administrador también se considerará siempre como rendimiento del trabajo, por quedar aquella labor subsumida en las propias del cargo mercantil.
Socios que prestan servicios a la sociedad, sean o no sean administradores.
La Nota 1/12, recoge la posibilidad de que un socio persona física pueda, al margen de su condición como administrador, prestar servicios a su sociedad. Por un lado, las tareas de administrador- representación y vinculación a la sociedad- y, por otro, trabajador no calificable de alta dirección, sino realización de tareas comunes,- desempeño de tareas técnicas, de fabricación u otras-. Podría servir como ejemplo una sociedad limitada dedicada a tareas de instalaciones eléctricas en la que uno de los socios, además de realizar instalaciones, firma los contratos de obra, los contratos del personal y formula las cuentas anuales de la sociedad.
De la interpretación de la Nota 1/12 entendemos que, sea el cargo de administrador gratuito o remunerado, si se dan los requisitos de dependencia y ajenidad, la retribución se calificará como rendimiento del trabajo y por tanto sujeto al 42 por ciento de retención.
Por último destacar que, los rendimientos que preste un socio a su sociedad tendrán la consideración de actividad económica y no se considerarán como rendimientos del trabajo, cuando se cumplan simultáneamente estos dos requisitos:
  • Ordenación por cuenta propia de medios materiales y humanos. Esto es, cuando no exista dependencia y ajenidad. Poseer a partir del 50 por ciento de participación en el capital social, presume la No existencia de dependencia y ajenidad. Por lo que sí debe considerarse que existe ordenación por cuenta propia. VER Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1998.
  • Existencia de medios de producción en sede del socio. Deben existir medios materiales para desarrollar la actividad en sede del socio. Destacar que los en el caso de servicios profesionales el principal medio de producción reside en sede del socio. Los medios materiales necesarios para el desempeño de sus servicios proporcionados por la entidad son de escasa relevancia frente al factor humano.
Dicho de otra forma, las retribuciones serán calificadas de rendimientos del trabajo cuando existan las notas de dependencia y ajenidad o cuando se carezca de medios de producción en sede del socio.
En este punto es necesario tener algunos conceptos claros:
Los indicios más comunes de dependencia son, entre otros,  la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado, el desempeño personal del trabajo,  el sometimiento a horario, la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario y la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.
Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros,  la entrega o puesta a disposición  del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de servicios realizados, la adopción por parte del empresario de las decisiones como fijación de precios, tarifas, selección de clientela….
Respecto a la existencia de medios de producción en la sede del socio la Nota establece que resulta esencial analizar cada caso concreto y que corresponde su valoración a los inspectores de la Administración Tributaria.

sábado, 26 de octubre de 2013

Contabilidad de la dación en pago de un inmueble

La dación en pago de una vivienda como forma de cancelar la deuda con el banco es un tema que ha abierto multitud de opiniones en los últimos años y que afecta a muchas personas físicas en relación a su vivienda habitual.
Ocurre lo mismo en el caso de sociedades que en un momento determinado llegan a un acuerdo con su entidad financiera para cancelar una hipoteca entregando el inmueble objeto de dicha deuda.
El tratamiento contable ha sido objeto de una consulta al ICAC, recogida en el BOICAC nº 94/2013 consulta 2 en la que se reduce a remitirnos a la Resolución del ICAC de marzo sobre el inmovilizado material y que es la que, por tanto, vamos a comentar.
En ella se establece que los bienes del inmovilizado cedidos en ejecución de una garantía o la dación en pago o para pago de una deuda se darán de baja por su valor en libros, circunstancia que originará la cancelación total o parcial, según proceda, del correspondiente pasivo financiero y, en su caso, el reconocimiento de un resultado.
Pues bien, ese resultado se determinará de la siguiente forma:
  • La diferencia entre el valor razonable del inmovilizado y su valor en libros se calificará como un resultado de la explotación.
  • La diferencia entre el valor del pasivo que se cancela y el valor razonable del bien como un resultado financiero.
Suponiendo, en nuestro caso, que el inmueble en cuestión forma parte del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias y por tanto no se trata de existencias, los ingresos obtenidos no se mostraran en la cifra de negocios, si no como un resultado procedente de la baja de inmovilizado.

Ejemplo:

Supongamos que hace cuatro años adquirimos un inmueble por 100.000 euros, con una vida útil de 10 años, para el que nos conceden una hipoteca de 120.000 euros (algo mas habitual de lo debido hace unos años).
Según nuestros cálculos podemos entender que si entregamos un bien cuyo valor contable es 60.000 (100.000 coste - 40.000 amortización) tendría una pérdida de 60.000 euros. Como al mismo tiempo cancelo la hipoteca de 80.000, lo que realmente tenemos es un beneficio de 20.000.
Pues bien, la norma dice que ese resultado se divide en:
  • La diferencia entre el valor razonable del inmovilizado y su valor en libros se calificará como un resultado de la explotación.
    Valor razonable: 50.000
    Valor en libros: 60.000
    Diferencia: 10.000..................(671) Pérdidas procedentes del inmovilizado
  • La diferencia entre el valor del pasivo que se cancela y el valor razonable del bien como un resultado financiero.
    Valor del pasivo que se cancela: 80.000
    Valor razonable: 50.000
    Diferencia: 30.000 (769) Otros ingresos financieros
El asiento quedaría de la siguiente manera:

     40.000  (281) A. Acumulada inmov. Material 
     80.000  (170) Deudas l/p con entidades de crédito
     10.000  (671) Perdidas procedentes inmov
                                                a.-  (211) Construcciones                    100.000
                                                a.-  (769) Otros ingresos financieros     30.000

lunes, 23 de septiembre de 2013

Hacienda veta las declaraciones a mano de los autónomos

Rellenar las declaraciones y autoliquidaciones a mano tiene los días contados.
La Agencia Tributaria publicará en breve en audiencia pública una orden por la que establece el bautizado como Pin 24 Horas, una nueva herramienta para facilitar la gestión de los impuestos a través de internet. Sin embargo, la puesta en marcha del PIN 24 Horas también suLa Agencia Tributaria es reconocida en el exterior por sus avanzados sistemas informáticos, que permiten que la mayoría de gestiones puedan realizarse a través de internet. Sin embargo, todavía un notable grupo de irreductibles empresarios y asalariados opta por rpondrá la prohibición expresa para los autónomos de presentar a mano las declaraciones tributarias. Los asalariados, de momento, podrán seguir utilizando el lápiz.
Los últimos datos de Hacienda muestran que 230.000 de los 2,5 millones de autónomos y pequeñas empresas cumplimentan los formularios fiscales a mano. En 2014, todas las autoliquidaciones del IVA y las declaraciones de retenciones en IRPF solo podrán realizarse por vía telemática. Y en 2015, la restricción se ampliará a los pagos fraccionados.
El nuevo sistema Pin 24 Horas permitirá que los autónomos accedan a la sede electrónica y obtengan un código con el que podrán realizar cualquier gestión tributaria. El pin, que el contribuyente recibirá en su teléfono móvil, estará activo durante 24 horas por cuestiones de seguridad. Este programa abre la posibilidad a realizar trámites fiscales a través de tabletas o móviles.
La Agencia Tributaria publicará en su web el borrador de la orden y se aprobará previsiblemente en noviembre. Un mes después, en diciembre, Hacienda iniciará una campaña para informar de las ventajas del Pin 24 Horas y comunicar el fin de las declaraciones a mano a los 230.000 autónomos que todavía utilizan esta vía.
Los asalariados del IRPF todavía podrán presentar su declaración realizada a bolígrafo, aunque todo apunta que más temprano que tarde, Hacienda también lo prohibirá. Actualmente, 38.000 contribuyentes presentan su formulario del impuesto sobre la renta a mano, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que el IRPF suma 19,5 millones de declarantes.
Si bien se acaba la posibilidad de rellenar a mano los formularios, el papel no muere. Es decir, un autónomo podrá entregar en mano en una delegación de la Agencia Tributaria su declaración, sin embargo, esta deberá cumplimentarse a través de la web. El objetivo de la Agencia Tributaria es que la informática abarque toda relación con los contribuyentes.
Por ejemplo, desde 2011, Hacienda dejó de remitir cartas certificadas a las empresas que tributan por el impuesto sobre sociedades y, actualmente, todas las notificaciones se remiten a través del correo electrónico. Esta medida, ha supuesto un ahorro de unos 15 millones de euros al reducir en 7,5 millones los envíos por correo ordinario.
Por otra parte, el nuevo programa Pin 24 horas también servirá para presentar la declaración de bienes en el extranjero, la nueva obligación incluida en la ley contra el fraude fiscal que obliga a los contribuyentes a informar de los bienes que posean en el extranjero cuando superen los 50.000 euros.

Contabilización de impuestos

Dentro de las numerosas operaciones contables que se realizan a lo largo del ejercicio económico de una sociedad, encontramos la contabilización de los distintos impuestos devengados.
Normalmente las cuatro grandes obligaciones fiscales a las que se enfrenta una sociedad  en el ejercicio de su actividad son:
  • Retenciones e ingresos a cuenta: Modelo 111 (trimestral).
  • Liquidación trimestral del IVA: Modelo 303 (trimestral).
  • Pagos Fraccionados: Modelo 202 (abril, octubre y diciembre).
  • Impuesto sobre Sociedades: Modelo 200 (anual).

Retenciones e ingresos a cuenta:
Este concepto impositivo hace referencia a los sueldos y salarios que una sociedad paga a sus empleados. En realidad no es un impuesto directo que la empresa pague si no que es un ingreso a cuenta del trabajador que la empresa está obligada a realizar, reteniéndole de su salario el importe mensual exigido por Hacienda, en función de sus ingresos, en concepto de IRPF.  En primer lugar, daremos de alta la retención cuando se devengue la nómina, y en el momento del pago de dicha retención la daremos de baja. Dichos movimientos se realizarán en torno a la cuenta (4751) Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.


Devengo y Pago de la Nómina:

10.000     (640) Sueldo y Salarios
     500     (642) S. Social a cargo de Empresa
                                           a.- (4751) H.P. Retenciones Practic.   2.500
                                           a.- (572) Bancos                                7.000
                                           a.- (476) O. Seguridad Social Acre.     1.000 


Pago de las Retenciones:

2.500      (4751) H.P. Retenciones Practic.
                                           a.- (572) Bancos                                2.500
 
Liquidación trimestral del IVA:
El IVA es un impuesto que grava el consumo. Todas aquellas empresas que realicen operaciones sujetas a IVA lo repercutirán y, por norma general, lo soportarán en sus compras. Trimestralmente las empresas deberán comprobar cuanto IVA han repercutido y cuanto IVA han soportado. Si soportan más IVA de lo que repercuten, tendremos un crédito contra Hacienda. Si, de lo contrario, repercutimos más IVA del que soportamos, tendremos una deuda a favor de Hacienda.
Las empresas actuarían como “recaudadores” del IVA. No son el contribuyente final. Una sociedad podrá deducirse el IVA que soporta, pero debe ingresar a Hacienda el IVA que repercute, y este “ajuste de cuentas” se realizará cada trimestre. (Salvo aquellas empresas que cumplan con los requisitos para presentar declaraciones mensuales, suelen ser empresas de gran volumen).

IVA soportado por las compras naturales del ejercicio:

10.000     (600) Compra de Mercaderías
  2.100     (472) H.P. IVA Soportado
                                           a.- (400) Proveedores                      12.100
                  
IVA repercutido por las ventas naturales del ejercicio:

24.200     (430) Clientes
                                          a.- (700) Ventas de Mercaderías        20.000
                                          a.- (477) H.P. IVA Repercutido             4.200

Regularización del IVA soportado y repercutido:
Al final de cada trimestre regularizamos las cuentas de IVA soportado e IVA Repercutido para averiguar el saldo que queda pendiente a favor o en contra:

 4.200     (477) H.P. IVA Repercutido
                                          a.- (472) H.P. IVA Soportado                2.100
                                          a.- (475) H.P. Acreedora por IVA          2.100

Debido a que el saldo repercutido de IVA es mayor que el saldo soportado de IVA se crea una deuda con Hacienda, convirtiéndose en acreedor nuestro.

Pago del Impuesto:

2.100      (475) H.P. Acreedora por IVA
                                           a.- (572) Bancos                      2.100
 
Llegado el vencimiento de la deuda, pagamos desde el banco, saldando la cuenta acreedora con Hacienda.
 
Pagos Fraccionados:
Los 20 primeros días naturales de abril, octubre y diciembre, tenemos que ingresar en la Hacienda Pública tres pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. Dichos pagos generarán un crédito contra Hacienda que compensaremos con el pago final del Impuesto sobre Sociedades. El asiento contable de dichos pagos será el siguiente:

                (473) H.P. Retenciones y Pagos a Cuenta 
                                                        a.- (572) Bancos                     
 
Impuesto Sobre Sociedades:
Cuando al cierre del ejercicio en nuestro esquema de liquidación del Impuesto sobre Sociedades hallamos la cuota líquida a pagar (o cero), debemos compensar dicho importe con los pagos fraccionados ya efectuados en el apartado anterior.

Supongamos un impuesto sobre beneficios de 10.000 euros, y unos pagos a cuenta realizados de 3.000 euros (1.000 cada pago).

Devengo del Impuesto:

10.000     (630) Impuesto sobre Beneficios
                            a.- (4752) H.P. Acreedora por IS                      7.000
                            a.- (473) H.P. Retenciones y Pagos a Cuenta    3.000

Una vez compensados los pagos fraccionados con el impuesto sobre beneficios, se nos genera una deuda con hacienda de 7.000 euros por la diferencia compensada (pudiera ser que se generará un crédito contra Hacienda en caso de que el importe de los pagos fuera mayor al del impuesto sobre beneficios).
 
Pago del Impuesto:

7.000      (4752) H.P. Acreedora por IS
                                           a.- (572) Bancos                    7.000

lunes, 16 de septiembre de 2013

Las nuevas obligaciones contables de las empresas más pequeñas

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado 29 de junio la Directiva 2013/34/UE , que entró en vigor pasados veinte días desde esta fecha y que los Estados Miembros tendrán que trasponer antes del 20 de julio de 2015. La nueva Directiva que es una evolución de directivas derogadas, tiene como principal objetivo reducir las cargas administrativas y mejorar el entorno empresarial, particularmente en el caso de las empresas más pequeñas, buscando lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de los destinatarios de los estados financieros y el interés de las empresas en no soportar una carga indebida por cumplir los requisitos de información.

Las correcciones que se han realizado en las Directivas Contables en los últimos años han añadido numerosos requerimientos de información a las empresas. Estos requerimientos ni eran proporcionados para las pequeñas empresas, ni resultaban siempre útiles a las necesidades de los usuarios de sus estados financieros. Al no captar financiación directamente en los mercados, no tienen las mismas necesidades de transparencia de su actividad y posición financiera, que las empresas que captan recursos directamente en los mercados.
En este sentido, el Parlamento Europeo había manifestado en diversas ocasiones, que las obligaciones derivan de las directivas contables son a menudo muy gravosas para este tipo de empresas. Por lo que instó a la Comisión a que las revisase.
Con estos antecedentes, el Parlamento y Consejo Europeo aprobó, el 26 de junio, una nueva Directiva Contable, la Directiva 2013/34/UE , que sustituirá a las actuales IV Directiva (78/660/EEC) y VII Directiva (83/649/EEC).
Su ámbito de aplicación son las sociedades anónimas, sociedades comanditarias por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. También será aplicable, en ocasiones, a las sociedades colectivas y a las sociedades en comandita.
La clasificación de empresas establecida en la Directiva es la siguiente:
Límites numéricos
a) Microempresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 350.000 €
- Volumen de negocio neto: 700.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 10
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado 29 de junio la Directiva 2013/34/UE , que entró en vigor pasados veinte días desde esta fecha y que los Estados Miembros tendrán que trasponer antes del 20 de julio de 2015. La nueva Directiva que es una evolución de directivas derogadas, tiene como principal objetivo reducir las cargas administrativas y mejorar el entorno empresarial, particularmente en el caso de las empresas más pequeñas, buscando lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de los destinatarios de los estados financieros y el interés de las empresas en no soportar una carga indebida por cumplir los requisitos de información.
Las correcciones que se han realizado en las Directivas Contables en los últimos años han añadido numerosos requerimientos de información a las empresas. Estos requerimientos ni eran proporcionados para las pequeñas empresas, ni resultaban siempre útiles a las necesidades de los usuarios de sus estados financieros. Al no captar financiación directamente en los mercados, no tienen las mismas necesidades de transparencia de su actividad y posición financiera, que las empresas que captan recursos directamente en los mercados.
En este sentido, el Parlamento Europeo había manifestado en diversas ocasiones, que las obligaciones derivan de las directivas contables son a menudo muy gravosas para este tipo de empresas. Por lo que instó a la Comisión a que las revisase.
Con estos antecedentes, el Parlamento y Consejo Europeo aprobó, el 26 de junio, una nueva Directiva Contable, la Directiva 2013/34/UE , que sustituirá a las actuales IV Directiva (78/660/EEC) y VII Directiva (83/649/EEC).
Su ámbito de aplicación son las sociedades anónimas, sociedades comanditarias por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. También será aplicable, en ocasiones, a las sociedades colectivas y a las sociedades en comandita.
La clasificación de empresas establecida en la Directiva es la siguiente:
Límites numéricos
a) Microempresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 350.000 €
- Volumen de negocio neto: 700.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 10
b) Pequeña empresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total del balance: 4.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 8.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50.
c) Mediana empresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 20.000.000 €.
- Volumen de negocio neto: 40.000.000 €
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 250.
d) Grupos pequeños: Si no rebasa de manera consolidada por lo menos dos de los tres criterios siguientes: Directiva 2013/34/UE
- Total balance: 4.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 8.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50.
e) Grupos medianos: Si no se rebasa de manera consolidada por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 20.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 40.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 250.
Principales reducciones de obligaciones
a) Simplificación de los estados financieros
La nueva directiva simplifica la elaboración de los estados financieros de las empresas más pequeñas, pretendiendo así reducir sus cargas administrativas, por considerar que actualmente tienen unos costes administrativos desproporcionados e innecesarios, que dificultan su actividad económica.
Las empresas que sean calificadas como pequeñas empresas:
- Sólo estarán obligadas a presentar un balance, una cuenta de resultados y unas notas explicativas de los estados financieros. Sólo se podrá exigir más información si la exigencia de publicación está prevista en la legislación tributaria nacional estrictamente a efectos de recaudación de impuestos. Los Estados Miembros podrán decidir que los modelos de balance a presentar sean abreviados.
- Presentarán una cantidad de información muy limitada en sus notas o memoria.
Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas de la obligación de elaborar informes de gestión.
Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas de la obligación de publicar sus cuentas de pérdidas y ganancias y sus informes de gestión.
Además de lo anterior, si la empresa se califica como microempresa, los Estados miembros podrán eximirlas total o parcialmente de las obligaciones siguientes:
- Obligación de elaborar notas explicativas a los estados financieros.
- Obligación de publicar estados financieros anuales.
b) Exención de consolidación
Los grupos pequeños estarán exentos de la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado, salvo en los casos en que una empresa filial sea una entidad de interés público.
Los Estados miembros podrán eximir a los grupos medianos de la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado, salvo en los casos en que las empresas filiales sean entidades de interés público.
c) Exención de auditoría
Los Estados miembros sólo tienen obligación de exigir la auditoría de cuentas a las entidades de interés público, y a las empresas medianas y grandes.
b) Pequeña empresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total del balance: 4.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 8.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50.
c) Mediana empresa: Si no rebasa por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 20.000.000 €.
- Volumen de negocio neto: 40.000.000 €
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 250.
d) Grupos pequeños: Si no rebasa de manera consolidada por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 4.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 8.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50.
e) Grupos medianos: Si no se rebasa de manera consolidada por lo menos dos de los tres criterios siguientes:
- Total balance: 20.000.000 €
- Volumen de negocio neto: 40.000.000 €.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 250.
Principales reducciones de obligaciones
a) Simplificación de los estados financieros
La nueva directiva simplifica la elaboración de los estados financieros de las empresas más pequeñas, pretendiendo así reducir sus cargas administrativas, por considerar que actualmente tienen unos costes administrativos desproporcionados e innecesarios, que dificultan su actividad económica.
Las empresas que sean calificadas como pequeñas empresas:
- Sólo estarán obligadas a presentar un balance, una cuenta de resultados y unas notas explicativas de los estados financieros. Sólo se podrá exigir más información si la exigencia de publicación está prevista en la legislación tributaria nacional estrictamente a efectos de recaudación de impuestos. Los Estados Miembros podrán decidir que los modelos de balance a presentar sean abreviados.
- Presentarán una cantidad de información muy limitada en sus notas o memoria.
Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas de la obligación de elaborar informes de gestión.
Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas de la obligación de publicar sus cuentas de pérdidas y ganancias y sus informes de gestión.
Además de lo anterior, si la empresa se califica como microempresa, los Estados miembros podrán eximirlas total o parcialmente de las obligaciones siguientes:
- Obligación de elaborar notas explicativas a los estados financieros.
- Obligación de publicar estados financieros anuales.
b) Exención de consolidación
Los grupos pequeños estarán exentos de la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado, salvo en los casos en que una empresa filial sea una entidad de interés público.
Los Estados miembros podrán eximir a los grupos medianos de la obligación de elaborar estados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado, salvo en los casos en que las empresas filiales sean entidades de interés público.
c) Exención de auditoría
Los Estados miembros sólo tienen obligación de exigir la auditoría de cuentas a las entidades de interés público, y a las empresas medianas y grandes.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Deducciones y Bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades 2013


Las bonificaciones y deducciones en el Impuesto sobre Sociedades vienen recogidas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en sus artículos 30 a 43 y se clasificándolas en tres grandes grupos:
  • Deducciones para evitar doble imposición. (Art. 30 a 32 TRLIS)
  • Bonificaciones de la cuota íntegra. (Art. 33 y 34 TRLIS)
  • Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. (Art. 35 a 43 TRLIS)
    DEDUCCIONES PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN
    (artículos 30 a 32 del TRLIS)



    BONIFICACIÓN
    %
     BONIFICACIÓN


    RENTAS BONIFICADAS
    Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna (Art. 30.1 y 3. TRLIS)
    50%

    Dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España. 
    Con % participación inferior al 5%.
    También rentas derivadas de beneficios no distribuidos de  liquidación de sociedades, separación de socios, adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización y disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y pasivo
     
    Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna (Art. 30.2 TRLIS)
    100%
    Dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España. Con % participación igual o superior al 5%.
    Deducción para evitar la doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo (Art. 31 TRLIS)
     
    La menor de:
    1. Importe de gravamen satisfecho en el extranjero
    2. El importe de la cuota íntegra que correspondería pagar en España
    Rentas obtenidas y gravadas en el extranjero
     
    Deducción para evitar la doble imposición internacional: dividendos y participaciones en beneficios (Art. 32 TRLIS)
    El impuesto efectivamente pagado
    Dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español.

    BONIFICACIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA
    (artículos 33 y 34 del TRLIS)

    Bonificación = Coeficiente * Cuota bonificable 
    Cuota bonificable = Renta bonificada * Tipo de gravamen


    BONIFICACIÓN
    % BONIFICACIÓN
    RENTAS BONIFICADAS
     
    Bonificación por Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (Art. 33 TRLIS)
    50%
    Obtenidas en Ceuta, Melilla o sus dependencias, siempre que sean operaciones que cierren en estos territorios ciclo mercantil.
    Bonificación por actividades exportadoras (Art. 34.1 TRLIS)
    13%
     
    Procedentes de actividad exportadora de producciones cinematográficas o audiovisuales y manifestaciones editoriales de carácter didáctico siempre que se reinviertan.
    Bonificación por prestación de servicios públicos locales (Art. 34.2 TRLIS)
    99%
     
    Derivadas de servicios prestados por entidades locales, o dependientes del Estado o de Comunidades Autónomas, de competencia municipal o provincial, en los casos previstos en la normativa.

    DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES
    (artículos 35 a 43 del TRLIS)


    BONIFICACIÓN
    % BONIFICACIÓN
    RENTAS BONIFICADAS
    Deducción por actividades de I+D (art. 35.1 TRLIS)
    25%
     
    Gastos del período en I+D, hasta la media de los 2 años anteriores.
    42%
     
    Gastos del período en I+D, sobre el exceso respecto de la media de los 2 años anteriores.
    17%
     
    Gastos de personal de investigadores cualificados de I+D.
    8%
     
    Inversiones afectas a I+D (excepto inmuebles y terrenos).
     
    Deducción por actividades de innovación tecnológica (art. 35.2 TRLIS)
    12%
    Gastos del período en Innovación tecnológica.
     
    Deducción por inversiones en bienes interés cultural (art. 38.1 TRLIS)
    2%
    Inversiones y gastos relacionados con bienes de interés cultural.
    Deducción por inversiones en producciones cinematográficas (art. 38.2 TRLIS)
    18%
     
    Base del Productor: Coste de producción - parte financiada por cooproductor.
    5%
     
    Base del Cooproductor financiero: Inversión que financie.
     
    Deducción por inversión en edición de libros(art. 38.3 TRLIS)
    1%
    Cantidad invertida en la edición de libros que permita la confección de un soporte físico.
    Deducción por inversiones medioambientales (art. 39 TRLIS)
    8%
    Inversión en bienes de activo material destinada a protección de medio ambiente.
    Deducción por gastos de formación profesional (art. 40.3 TRLIS)
    1%
     
    Gastos para habituar a empleados a utilización nuevas tecnologías de comunicación e información, hasta la media de los 2 años anteriores.
    2%
     
    Exceso de gastos respecto de la media de 2 años anteriores.
     
    Deducción por creación de empleo para minusválidos (art. 41 TRLIS)
    6.000 Euros
    Por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla.
    Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (art. 42 TRLIS)
    12%
     
    Rentas positivas  obtenidas en transmisiones onerosas, integradas en BI sujetas a Tipo General de Gravamen o al tipo de ERD,  que se reinviertan con los requisitos del art. 42.
    7% o 2% o 17%
     
    Rentas positivas  obtenidas en transmisiones onerosas, integradas en BI sujetas a tipos diferentes al general y al de ERD,  que se reinviertan con los requisitos del art. 42.
    Deducción de apoyo a los emprendedores (siempre que cumplan los requisitos fijados en el artículo 43 TRLIS)
    3.000 Euros
     
    Todas las empresas: por el primer trabajador menor de 30 años con contrato de tiempo indefinido regulado en el artículo 4 de Ley 3/2012 de reforma laboral.
    50%
     
    Empresas con menos de 50 trabajadores, además de la deducción anterior, la cantidad que resulte menor de: prestación por desempleo pendiente de percibir o importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación que tuviera reconocida.